El país no solo tiene uno de los consumos más altos de bebidas azucaradas, sino también una de las mayores cargas de enfermedades asociadas a estos productos.
Colombia se encuentra entre las naciones con mayor consumo de bebidas azucaradas a nivel mundial, según un reciente estudio publicado en la revista Nature Medicine.
La investigación revela que los colombianos consumen en promedio 17,4 porciones semanales de estas bebidas, muy por encima del promedio global de 2,6 porciones.
Este elevado consumo está directamente relacionado con altas tasas de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares en el país. En 2020, estas bebidas fueron responsables del 48,1% de los nuevos casos de diabetes tipo 2 y del 23% de las enfermedades cardiovasculares en Colombia, según el estudio liderado por Laura Lara-Castor, experta en epidemiología nutricional del Instituto Food Is Medicine.
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El estudio analizó datos de 184 países entre 1990 y 2020, concluyendo que las bebidas azucaradas estuvieron relacionadas con 2.2 millones de nuevos casos de diabetes tipo 2 y 1.2 millones de enfermedades cardiovasculares en 2020. América Latina y el Caribe reportaron las cifras más altas, con Colombia, México y Sudáfrica liderando las estadísticas.
En Colombia, se consumen hasta 17.4 porciones de 248 g semanales, cifra que contrasta con las 0.2 porciones semanales en países como India y Bangladesh.
¿Por qué son tan dañinas a las bebidas azucaradas?
Las bebidas azucaradas, que incluyen refrescos, jugos artificiales y bebidas energéticas, generan picos de glucosa en el cuerpo, lo que obliga al páncreas a producir insulina en exceso. A largo plazo, esto puede derivar en resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 y daño en órganos vitales.
Aunque algunos países latinoamericanos han implementado impuestos y regulaciones para reducir el consumo, los resultados han sido limitados. En Colombia, un intento de implementar un impuesto en 2016 fue bloqueado, aunque en 2022 se lograron avances.
Expertos como Lara aclaran la necesidad de políticas integrales que incluyan etiquetado claro, regulación en escuelas y acceso a agua potable para reducir el consumo de estas bebidas y su impacto en la salud pública.
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